Los flujos migratorios no constituyen un fenómeno novedoso, tampoco son algo que se hayan inventado las sociedades contemporáneas. Con mayor o menor intensidad, en mayor o menor grado, las migraciones han estado siempre presentes en la historia de la humanidad. Siempre. Son un componente inseparable en la evolución y el progreso. No acabaron nunca ni se acabarán ahora.

Con todo, sí es cierto es que los flujos migratorios registrados en España han aumentado en las últimas décadas, o al menos lo han hecho hasta el 2011, momento en el que muchos de los que habían venido decidieron marcharse de un país en una situación económica precaria. Esto ha generado ciertos cambios o presiones de cambio sobre aspectos legislativos, éticos y sociales.

Vayamos viendo alguna de estas consideraciones con más detalle.

Cambio en las últimas décadas del siglo XX

La sociedad española ha vivido procesos de transformación muy potentes en la segunda mitad del siglo XX, y los flujos migratorios han tenido mucho que ver con ello. En este caso, en vez de estar provocados por la emigración a otros países —dinámica histórica en España—, ha tenido que ver con la llegada de ciudadanos extranjeros.

Dichos flujos han transformado profundamente los perfiles de la sociedad española. No se trata solamente del peso adquirido por la población de origen extranjero en España —que, tras haber alcanzado su máximo nivel en 2011 con 5,7 millones de personas, supera en la actualidad los 4,5 millones de personas, un 11% de la población total—, sino de los cambios que ha operado en las raíces culturales de España.

El país presenta ya un nivel de multiculturalidad comparable con los principales países receptores del mundo desarrollado, con mucha mayor tradición receptora. Esto no hace más que enriquecer el país y lo hace, además, con un nivel de integración mucho mayor, así como con una presencia mucho menor de comportamientos xenófobos o racistas.

[IMAGEN] Casco Antiguo, Calp, España.

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Ausencia de modificaciones legislativas

En cualquier caso, pese a este aumento de los flujos migratorios hasta el año 2011, las iniciativas adoptadas a nivel legislativo no han sido de un número desmedido. Más bien todo lo contrario. En este sentido, cabe mencionar la aprobación de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, así como varias reformas parciales de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero de 2000, sobre Derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y su Reglamento de desarrollo. También la Ley 14/2013, de Apoyo a los Emprendedores y su internacionalización.

Por el resto, el último Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2011-2014 expiró sin que hasta el momento haya llegado a ver la luz una nueva estrategia general en este ámbito. Y precisamente durante esos años de crisis económica y de empleo, se ha hecho patente la vulnerabilidad de los hogares formados por personas de origen extranjero.

Así pues, el momento parece propicio para que España aborde una aproximación integral a la realidad del nuevo escenario migratorio en España, desde el punto de vista de sus efectos y su aportación en distintos ámbitos. Un prisma más amplio que abarque desde el origen de los inmigrantes que se establecen en España hasta los propios detonantes de los procesos migratorios, entre los que la reagrupación familiar ha aumentado en importancia.

Hay que tener en cuenta que en el país viven ya miles de niños y jóvenes nacidos o socializados muy tempranamente —la denominada segunda generación—, así como más de un millón de nuevos españoles como resultado de la intensificación de los procesos de naturalización.

Mira: Guía básica para conseguir la ciudadanía española

Una nueva forma de verlo

Todo lo anterior obliga a adoptar un nuevo enfoque a la hora de valorar los efectos y oportunidades de los flujos migratorios, pues ya no todas las personas de origen foráneo en nuestro país han vivido directamente la experiencia migratoria o encajan bien en la categoría de “inmigrantes”. De hecho, se hace complejo encontrar un único término que defina a las personas protagonistas de los flujos migratorios.

Quizás, más allá de la palabra “inmigrante”, un concepto sociológico más amplio, se debería comenzar a hablar también de la categoría jurídica de “extranjero”. Este término, por una parte, apela únicamente a la nacionalidad de los sujetos y, por otra, remite a la legislación “de extranjería”, asociada en su mayor parte en España al Régimen General aplicable a los ciudadanos extracomunitarios.

“Inmigrantes” serían todas aquellas personas en cuya biografía aparece un trasfondo migratorio que influye decisivamente en su trayectoria vital, independientemente de que haya experimentado en primera persona el traslado de un país a otro. O que, como ocurre con los hijos nacidos o llegados con corta edad al país de destino, no lo hayan hecho, pero crezcan en un contexto bicultural marcado por el viaje emprendido por sus padres o incluso sus abuelos.

En este sentido, la adquisición de la nacionalidad española o de otro país de la Unión Europea tampoco borra necesariamente ese trasfondo en cuanto a sus consecuencias en la vida de las personas. Del mismo modo que no podría dejar de considerarse su impacto a los más de dos millones de residentes en España, de nacionalidad española, nacidos en el extranjero.

Mira: Si adquiero la nacionalidad española por residencia, ¿pierdo mi nacionalidad de origen?

Así pues, en resumen, el reto de España de cara al futuro es doble en el espacio de la migración: por un lado, integrar a los inmigrantes; por otro, crear nueva legislación para todos aquellos extranjeros que deseen dejar de serlo.

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