En los últimos años, la población de España aumentó en unos 6,5 millones de personas, lo que representó un crecimiento del 7% en el número de inmigrantes extranjeros.

El INE informó de que, a 1 de enero de 2024, la población residente nacida en el extranjero era de 8 838 234, así como la población extranjera nacida en España residente en 503 548, lo que suma una población de origen inmigrante residente en España de 9 341 782. De ellos, 234 548 eran extranjeros nacidos en España y residentes en el país, lo que significa que la población de origen inmigrante residente en España era de 9 341 782, el 19,21 % de la población total, que era de 48 619 695 habitantes. Casi una de cada cinco personas residentes en España tenía orígenes inmigrantes. 

A lo largo de 2023, el número de residentes nacidos en el extranjero en España aumentó en 634 028 personas. Las comunidades autónomas que registraron las mayores variaciones fueron la Comunidad de Madrid (132 634), Cataluña (132 195) y la Comunidad Valenciana (106 169), seguidas de cerca por Andalucía (59 516). 

Según el Informe sobre la población de origen inmigrante en España 2024 del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) España, que es una red de organizaciones que trabaja en la defensa de los derechos de las personas migrantes y su pleno acceso a la ciudadanía, los 20 grupos de población residente más numerosos según país de nacimiento, país de nacionalidad y extranjeros con permiso de residencia son: Marruecos, Colombia, Venezuela, Rumanía, Ecuador, Argentina, Perú, Reino Unido, Cuba, Francia, Ucrania, Honduras, República Dominicana, China, Bolivia, Brasil, Alemania, Italia, Paraguay y Rusia.

Con sus mayores tasas de natalidad y menor edad media, la expansión de la población inmigrante compensa temporalmente los desequilibrios demográficos del sistema de pensiones. Pero, por otro lado, las características sociológicas y económicas de este grupo imponen exigencias particulares al sistema de protección social. Porque el acceso de los inmigrantes a la educación, la atención sanitaria y los servicios esenciales son factores críticos para su integración social exitosa.

Pero, la desigual distribución de los inmigrantes en el territorio español también ha provocado una congestión de los servicios sanitarios, sobre todo de atención primaria, debido la aplicación de la normativa de las Comunidades Autónomas.

¿Cuánto cuesta la sanidad pública en España por persona?

En 2022, el gasto público en sanidad en España aumentó un 7,1%, o 4.034.029.000 millones de euros, hasta los 96.844.457.000 millones de euros, lo que representa el 15,28% del gasto público total. Este valor indica que el gasto público en sanidad disminuyó 0,39 puntos porcentuales, pasando del 7,69% del PIB en 2021 al 7,3% del PIB en 2022.

España mantuvo su décima posición en la clasificación de naciones según la magnitud de las inversiones en sanidad en 2022.

En cuanto a su proporción en el PIB, la situación ha mejorado y actualmente mantiene una proporción favorable en comparación con las demás naciones. Entre los 192 países que componen la clasificación, ocupa el puesto 21.

Si se considera la proporción del gasto público destinado a sanidad respecto al presupuesto del Estado, España ocupa el puesto 33.

En 2022, el gasto sanitario del gobierno español per cápita ascendió a 2.042 euros por residente. En 2021 era de 1.957 euros; a partir de entonces, el gasto público en sanidad aumentó un 4,34%, es decir, 85 euros por individuo. Actualmente, España ocupa el puesto 26 de 192 países en gasto público en sanidad per cápita.

El gasto público en sanidad ha evolucionado a lo largo del tiempo.

Por ejemplo, en 2017, España destinó el 15,28% de su gasto público global a la sanidad, frente al 15,11% de 2016, el 13,61% del año anterior y el 14,59% de diez años antes. (Ver estadística completa) Esto indica una tendencia al alza constante en la proporción de fondos públicos dedicados a la sanidad en los últimos años.

¿Cómo es la asistencia médica para los extranjeros en España?

La calidad de la asistencia médica es un parámetro especialmente significativo para quienes emigran a España y es una de sus principales preocupaciones.

La Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social regula el acceso de los extranjeros a la asistencia sanitaria en España. Según esta legislación, "los extranjeros tienen derecho a la asistencia sanitaria en los términos previstos en la legislación vigente en materia de asistencia sanitaria".

La importante afluencia de personas extranjeras a España en los últimos años ha provocado modificaciones en la accesibilidad de la sanidad pública. El Real Decreto de 16/2012, que vinculó la asistencia sanitaria a la cotización y transformó así el derecho a la asistencia sanitaria en un privilegio, fue uno de los más significativos.

La normativa relativa a la asistencia sanitaria de las personas extranjeras en España se establece en la Ley Orgánica 4/2000.

Esta legislación estipula que las personas que tengan la condición de asegurado tendrán derecho a la asistencia sanitaria en España. Esto incluye a los demandantes de empleo registrados, los trabajadores por cuenta ajena, los pensionistas y los beneficiarios de prestaciones de la Seguridad Social.

Las personas extranjeras que hayan obtenido la residencia legal en España tienen el mismo derecho a la asistencia médica gratuita que los ciudadanos españoles.

Cualquier estudiante de nacionalidad extranjera que esté debidamente empadronado y permanezca en España durante un periodo superior a 90 días, también tiene acceso a la asistencia sanitaria pública en condiciones similares a los españoles.

Además, también es posible la asistencia a personas en circunstancias inusuales, como urgencias, embarazo o enfermedades graves.

El sistema sanitario público español, que no se limita a sus propios ciudadanos, sino también a personas de otras nacionalidades, es famoso por su alta calidad. Pero, una de sus características distintivas es la prestación de servicios médicos gratuitos.

Este nivel de asistencia médica gratuita es accesible a las personas extranjeras con domicilio legal en España.

En consecuencia, las personas con residencia legal están exentos de efectuar pagos inmediatos para recibir asistencia, procedimientos y/o tratamientos médicos.

¿Cómo obtienen las personas extranjeras servicios médicos en España?

La asistencia sanitaria completa para extranjeros en los centros de salud públicos de España es universal e implica a todos, sin importar sus circunstancias. Sin embargo, para mitigar posibles abusos, se han establecido diferentes protocolos.

Uno de estos requisitos es demostrar que se reside en España durante un mínimo de 90 días.

De esta manera, se niega el acceso a la asistencia sanitaria pública a los extranjeros con cobertura médica legítima en sus países de origen que pretendan explotar fraudulentamente este servicio.

A pesar de la aplicación de esta estipulación, se concede acceso a la asistencia sanitaria a los inmigrantes indocumentados, siempre que los servicios sociales emitan un informe que demuestre que carecen de recursos mínimos.

En lo que respecta a la compra de medicamentos con receta, este grupo demográfico está obligado a pagar un porcentaje equivalente (40 %) del coste total, que es el equivalente al de una persona de nacionalidad española con unos ingresos inferiores a 18 000 euros.

Por otro lado, en España también se regulan las operaciones de trasplante de órganos para inmigrantes con el fin de evitar el turismo sanitario.

Para inscribirte en una lista específica de intervenciones médicas, debes haber residido legalmente en España durante más de dos años.

Tarjeta sanitaria en España

Para adquirir una tarjeta sanitaria en España como persona extranjera, es imprescindible seguir el siguiente procedimiento:

1. Empadronamiento: El empadronamiento en un municipio español es el requisito inicial. El empadronamiento certifica tu residencia en un municipio concreto. En algunas comunidades se pide un tiempo mínimo de empadronamiento.
2. Documentación requerida: Se requieren documentos que acrediten tu situación legal en España. En general, la documentación a presentar puede incluir tu pasaporte, permiso de residencia, entre otros documentos pertinentes.
3. Presentación de una solicitud en el centro sanitario: Tras preparar toda la documentación requerida, debes acudir al centro de salud asociado a tu domicilio. Una vez que las autoridades sanitarias completen las diligencias y certificación requeridos, se te expedirá un certificado sanitario.

Conclusión

Muchos elogiarán el sistema sanitario español en el Día Mundial de la Salud, que se celebrará el 7 de abril, pero hay investigadores, políticos y miembros de la sociedad civil que no están de acuerdo con este enfoque.

Las conclusiones del último informe sobre la sanidad en las comunidades autónomas elaborado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que utiliza diversos indicadores, determinan que Navarra y el País Vasco siguen siendo las comunidades autónomas con mejores sistemas de sanidad pública, mientras que la Comunidad Valenciana y Andalucía se encuentran a la cola, a una distancia considerable. Además, concluyen que los servicios sanitarios en las comunidades autónomas han empeorado en los últimos años y las desigualdades existentes entre los diferentes territorios, que son grandes, no solo no disminuyen, sino que tienden a aumentar.

Este deterioro de los servicios públicos de salud por parte de las Comunidades Autónomas afecta a la población en general, pero sobre todo a las personas inmigrantes y, en particular, a aquellas en situación irregular.

En un sistema de sanidad que ha levantado importantes barreras para acceder a la sanidad, especialmente para aquellos que más dependen del sistema, las personas sin regularizar su situación migratoria han sufrido por partida doble. Por un lado, por la falta de recursos habitual que les impide acudir al sector privado. Y, por otro, por la dificultad de disfrutar de un sistema público de salud ya de por sí deteriorado.

Así, a la inseguridad habitual se suman otros aspectos como la pérdida de empleo para quienes estaban en trámites de prórroga de residencia, dificultades para renovar los papeles, convivencia con muchas más personas, mayor dificultad para acceder a los servicios sanitarios online por falta de recursos tecnológicos, y un largo etcétera de problemas.

Junto a los inmigrantes irregulares, otros grupos sociológicos como las mujeres, que representan el 75 % de los cuidadores en el ámbito doméstico y que han sufrido el impacto de la sobrecarga asistencial por la saturación de la atención primaria, los ancianos, que han tenido más obstáculos para adaptarse al modelo telefónico o al sistema de citas por Internet, los pacientes crónicos, los que padecen enfermedades mentales y las víctimas de la violencia de género, a pesar de que, entre enero y abril de 2020, las llamadas al 016 aumentaron más de un 1000 % y las consultas en línea se dispararon un 67,3 %.