En los últimos años, la población de España aumentó en unos 6,5 millones de personas, lo que representó un crecimiento del 7% en el número de inmigrantes extranjeros.

El INE informó que la población de España era de 48.085.361 el 1 de enero de 2023. De esta cantidad, 39.881.155 nacieron en España, mientras que 8.204.206 nacieron en el extranjero. Según su nacionalidad, 41.995.741 eran españoles y 6.089.620 extranjeros.

El Informe sobre la Población de Origen Inmigrante en España 2023 examina los 20 mayores grupos de población residente en función del país de nacimiento, país de nacionalidad y personas extranjeras con permiso de residencia. Entre los grupos poblacionales más numerosos según el país de nacimiento, tenemos las personas procedentes de Marruecos, Colombia, Rumania, Venezuela, Ecuador, Argentina, Perú, Reino Unido, Francia, Cuba, Ucrania, República Dominicana, China, Bolivia, Honduras, Alemania, Brasil, Italia, Paraguay y Rusia.

Con sus mayores tasas de natalidad y menor edad media, la expansión de la población inmigrante compensa temporalmente los desequilibrios demográficos del sistema de pensiones. Pero, por otra parte, las características sociológicas y económicas de este colectivo imponen exigencias particulares al sistema de protección social.

El acceso que tienen los inmigrantes a la educación, la sanidad y los servicios esenciales son factores críticos para su exitosa integración social.

Pero, la desigual distribución de los inmigrantes en el territorio español también ha provocado una congestión de los servicios sanitarios, sobre todo de atención primaria, debido la aplicación de la normativa de las Comunidades Autónomas.

¿Cuánto cuesta la sanidad pública en España por persona?

En 2022, el gasto público en sanidad en España aumentó un 7,1%, o 4.034.029.000 millones de euros, hasta los 96.844.457.000 millones de euros, lo que representa el 15,28% del gasto público total. Este valor indica que el gasto público en sanidad disminuyó 0,39 puntos porcentuales, pasando del 7,69% del PIB en 2021 al 7,3% del PIB en 2022.

España mantuvo su décima posición en la clasificación de naciones según la magnitud de las inversiones en sanidad en 2022.

En cuanto a su proporción en el PIB, la situación ha mejorado y actualmente mantiene una proporción favorable en comparación con las demás naciones. Entre los 192 países que componen la clasificación, ocupa el puesto 21.

Si se considera la proporción del gasto público destinado a sanidad respecto al presupuesto del Estado, España ocupa el puesto 33.

En 2022, el gasto sanitario del gobierno español per cápita ascendió a 2.042 euros por residente. En 2021 era de 1.957 euros; a partir de entonces, el gasto público en sanidad aumentó un 4,34%, es decir, 85 euros por individuo. Actualmente, España ocupa el puesto 26 de 192 países en gasto público en sanidad per cápita.

El gasto público en sanidad ha evolucionado a lo largo del tiempo.

Por ejemplo, en 2017, España destinó el 15,28% de su gasto público global a la sanidad, frente al 15,11% de 2016, el 13,61% del año anterior y el 14,59% de diez años antes. (Ver estadística completa) Esto indica una tendencia al alza constante en la proporción de fondos públicos dedicados a la sanidad en los últimos años.

¿Cómo es la asistencia médica para los extranjeros en España?

La calidad de la asistencia médica es un parámetro especialmente significativo para quienes emigran a España y es una de sus principales preocupaciones.

La Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social regula el acceso de los extranjeros a la asistencia sanitaria en España. Según esta legislación, "los extranjeros tienen derecho a la asistencia sanitaria en los términos previstos en la legislación vigente en materia de asistencia sanitaria".

La importante afluencia de personas extranjeras a España en los últimos años ha provocado modificaciones en la accesibilidad de la sanidad pública. El Real Decreto de 16/2012, que vinculó la asistencia sanitaria a la cotización y transformó así el derecho a la asistencia sanitaria en un privilegio, fue uno de los más significativos.

La normativa relativa a la asistencia sanitaria de las personas extranjeras en España se establece en la Ley Orgánica 4/2000.

Esta legislación estipula que las personas que tengan la condición de asegurado tendrán derecho a la asistencia sanitaria en España. Esto incluye a los demandantes de empleo registrados, los trabajadores por cuenta ajena, los pensionistas y los beneficiarios de prestaciones de la Seguridad Social.

Las personas extranjeras que hayan obtenido la residencia legal en España tienen el mismo derecho a la asistencia médica gratuita que los ciudadanos españoles.

Cualquier estudiante de nacionalidad extranjera que esté debidamente empadronado y permanezca en España durante un periodo superior a 90 días, también tiene acceso a la asistencia sanitaria pública en condiciones similares a los españoles.

Además, también es posible la asistencia a personas en circunstancias inusuales, como urgencias, embarazo o enfermedades graves.

El sistema sanitario público español, que no se limita a sus propios ciudadanos, sino también a personas de otras nacionalidades, es famoso por su alta calidad. Pero, una de sus características distintivas es la prestación de servicios médicos gratuitos.

Este nivel de asistencia médica gratuita es accesible a las personas extranjeras con domicilio legal en España.

En consecuencia, las personas con residencia legal están exentos de efectuar pagos inmediatos para recibir asistencia, procedimientos y/o tratamientos médicos.

¿Cómo obtienen las personas extranjeras servicios médicos en España?

La asistencia sanitaria completa para personas extranjeras en España en centros sanitarios públicos implica a todas las personas, independientemente de sus circunstancias. No obstante, para mitigar los posibles abusos al respecto, se han puesto en marcha diferentes protocolos.

Uno de estos requisitos es demostrar la residencia en España durante un mínimo de 90 días.

De este modo, se deniega el acceso a la sanidad pública a las personas extranjeras con cobertura médica legítima en sus países de origen que pretendan explotar fraudulentamente este servicio.

A pesar de la aplicación de esta estipulación, a los inmigrantes indocumentados se le concede el acceso a la asistencia sanitaria, condicionado a un informe de los servicios sociales que acredite su insuficiencia de recursos mínimos.

Este grupo demográfico, cuando se trata de la compra de medicamentos con receta, está obligado a pagar un porcentaje equivalente (40 por ciento) del coste total, que el equivalente a una persona de nacionalidad española con ingresos inferiores a 18.000 euros.

Por otro lado, las operaciones de trasplantes de órganos a inmigrantes en España, también está regulado por la normativa sanitaria, con la intención de evitar el turismo sanitario.

En consecuencia, tienes que tener una residencia legal en España de una duración superior a 2 años para poder registrarte en una lista de intervención médica concreta.

Sin embargo, independientemente de todo lo anterior, el sistema sanitario público de España se reconoce exclusivamente en su ámbito nacional.

Tarjeta sanitaria en España

Para adquirir una tarjeta sanitaria en España como persona extranjera, es imprescindible seguir el siguiente procedimiento:

1. Empadronamiento: El empadronamiento en un municipio español es el requisito inicial. El empadronamiento certifica tu residencia en un municipio concreto. En algunas comunidades se pide un tiempo mínimo de empadronamiento.
2. Documentación requerida: Se requieren documentos que acrediten tu situación legal en España. En general, la documentación a presentar puede incluir tu pasaporte, permiso de residencia, entre otros documentos pertinentes.
3. Presentación de una solicitud en el centro sanitario: Tras preparar toda la documentación requerida, debes acudir al centro de salud asociado a tu domicilio. Una vez que las autoridades sanitarias completen las diligencias y certificación requeridos, se te expedirá un certificado sanitario.

Conclusión

Muchos alabarán el sistema sanitario español en el Día Mundial de la Salud, que se celebrará el próximo 7 de abril, pero los autores de este estudio no estarán muy de acuerdo.

En esta investigación, llevada a cabo en Madrid, Cataluña y Castilla-La Mancha, se señala a un sistema sanitario desmantelado por los recortes, a una atención primaria colapsada y a unas administraciones opacas como las condiciones causantes de esa vulneración del derecho. Y a los mayores, enfermos crónicos e inmigrantes como los principales desatendidos.

Por supuesto, y como sucede habitualmente, quienes más han sufrido este retroceso en nuestra capacidad sanitaria han sido los menos privilegiados y, entre ellos, las personas inmigrantes en situación irregular.

En una gestión que ha levantado importantes barreras en el acceso a la asistencia sanitaria, especialmente de aquellos que más dependen del sistema, las personas sin sus trámites de extranjería regularizados han sufrido doblemente. Por un lado, por una habitual ausencia de recursos que les impide acudir al sector privado. Y, por otro, por la dificultad de disfrutar de un sistema de sanidad pública ya deteriorado per se.

Así, a su falta de seguridad habitual se han sumado aspectos como la pérdida del puesto de trabajo para quienes se encontraban haciendo trámites para prorrogar su residencia, dificultades para renovar sus papeles, convivencia con muchas más personas, mayor dificultad para acudir a los formatos telemáticos de salud por falta de recursos tecnológicos, y un largo etcétera de problemáticas.

Junto con los inmigrantes irregulares, otros grupos sociológicos como las mujeres, que representan el 75 % de las personas cuidadoras en el ámbito doméstico y que han sufrido el impacto de la sobrecarga de cuidados ante la saturación de la atención primaria, los mayores, que han tenido más obstáculos para adaptarse al modelo telefónico o el sistema de citas por Internet, los pacientes crónicos, los que sufren enfermedades de salud mental y las víctimas de violencia de género, por mucho que, entre enero y abril de 2020, las llamadas al 016 aumentaron más de un 1.000 %, y las consultas online se dispararon un 67,3%.

Conclusiones

Ante esta situación, la ONG, aunque reconoce que ningún Estado "podía estar preparado para una pandemia de tal magnitud", afirma que España afrontó la crisis con un sistema de salud "muy debilitado" por las políticas de austeridad de años anteriores y agravado por la falta de refuerzos humanos y materiales. Algo que ha sumido a grandes sectores de la población en una situación "entre el abandono y el desmantelamiento".

Con ello, "España ha vulnerado el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental". Y ahí, en el bote de los que más sufrieron esta pandemia, junto con los profesionales que intentaron ponerle freno, junto con ancianos, mujeres, y pacientes de enfermedades mentales, están los inmigrantes irregulares. Con ello también se demostró que esta pandemia no está siendo igual para todos.