En este caso no fue la denuncia de un partido político concreto, o un sector interesado en ciertos cambios económicos dentro del país, el sector que ha puesto el grito en el cielo sobre las condiciones sociales en España. En este caso ha sido la ONG Amnistía Internacional la que, después de un estudio y un posterior informe titulado "La otra pandemia", ha denunciado que España ha vulnerado el derecho a la salud física y mental durante la crisis del COVID-19. Casi nada.

Muchos alabarán el sistema sanitario español en el Día Mundial de la Salud, que se celebrará el próximo 7 de abril, pero los autores de este estudio no estarán muy de acuerdo. En éste, llevado a cabo en Madrid, Cataluña y Castilla-La Mancha, se señala a un sistema sanitario desmantelado por los recortes, a una atención primaria colapsada y a unas administraciones opacas como las condiciones causantes de esa vulneración del derecho. Y a los mayores, enfermos crónicos e inmigrantes como los principales desatendidos.

Por supuesto, y como sucede habitualmente, quienes más han sufrido este retroceso en nuestra capacidad sanitaria han sido los menos privilegiados y, entre ellos, los inmigrantes en situación irregular.

En una gestión que ha levantado importantes barreras en el acceso a la asistencia sanitaria, especialmente de aquellos que más dependen del sistema, las personas sin sus trámites de extranjería regularizados han sufrido doblemente. Por un lado, por una habitual ausencia de recursos que les impide acudir al sector privado. Y, por otro, por la dificultad de disfrutar de un sistema de sanidad pública ya deteriorado per se.

Así, a su falta de seguridad habitual se han sumado aspectos como la pérdida del puesto de trabajo para quienes se encontraban haciendo trámites para prorrogar su residencia, dificultades para renovar sus papeles, convivencia con muchas más personas, mayor dificultad para acudir a los formatos telemáticos de salud por falta de recursos tecnológicos, y un largo etcétera de problemáticas.

Junto con los inmigrantes irregulares, otros grupos sociológicos como las mujeres —que representan el 75 % de las personas cuidadoras en el ámbito doméstico y que han sufrido el impacto de la sobrecarga de cuidados ante la saturación de la atención primaria—, los mayores —que han tenido más obstáculos para adaptarse al modelo telefónico o el sistema de citas por Internet—, los pacientes crónicos, los que sufren enfermedades de salud mental y las víctimas de violencia de género, —por mucho que, entre enero y abril de 2020, las llamadas al 016 aumentaron más de un 1.000 %, y las consultas online se dispararon un 67,3%—.

Los datos de esta vulneración

El informe de La otra pandemia se hace eco así de la sobremortalidad reflejada en el Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo), que eleva a 81.608 las muertes no esperadas entre marzo de 2020 y febrero de 2021, cuando la cifra oficial de fallecidos por coronavirus del Ministerio de Sanidad ronda los 68.000.

La debacle del sistema de salud que a tantos ha dejado a un lado también se refleja en el cierre de centros. En Cataluña se cerraron 39 centros y 362 consultorios locales, en Madrid 21 (7 solo en horario de tarde) y 87, respectivamente. El gobierno de Castilla-La Mancha dice no haber clausurado oficialmente ninguno, pero Amnistía Internacional afirma tener información sobre el cierre de al menos dos consultorios locales.

Por supuesto, esta situación también se ha dejado ver en el alto precio que han pagado los profesionales de la salud. El alto número de contagios entre sus trabajadores, la falta de refuerzos adecuados para cubrir sus bajas y el elevado porcentaje de profesionales con más de 60 años (el 27,5% de la plantilla) que no pudo atender a pacientes por ser personas de riesgo, supusieron un golpe enorme a los servicios sanitarios.

Y qué decir de la falta de equipos de protección individual (EPI), —más de 123.603 profesionales de la salud se han contagiado de coronavirus y 89 han fallecido a día de hoy, récord negativo en toda Europa—, o la sobrecarga asistencial soportada por estos profesionales, que en algunos centros han acumulado hasta cien pacientes al día.

Conclusiones

Ante esta situación, la ONG, aunque reconoce que ningún Estado "podía estar preparado para una pandemia de tal magnitud", afirma que España afrontó la crisis con un sistema de salud "muy debilitado" por las políticas de austeridad de años anteriores y agravado por la falta de refuerzos humanos y materiales. Algo que ha sumido a grandes sectores de la población en una situación "entre el abandono y el desmantelamiento".

Con ello, "España ha vulnerado el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental". Y ahí, en el bote de los que más sufrieron esta pandemia, junto con los profesionales que intentaron ponerle freno, junto con ancianos, mujeres, y pacientes de enfermedades mentales, están los inmigrantes irregulares. Con ello también se demostró que esta pandemia no está siendo igual para todos.